Embarazadas de baja médica y obligadas a trabajar: "Temo ponernos en peligro a mi niña y a mí. Cada día es un riesgo"

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Hace unas tres semanas, en la 32 de su embarazo, Gema no recibió buenas noticias. En aquella revisión le comunicaron que la bebé que viene en camino presenta un problema circulatorio y que había perdido bastante peso. La gestación pasaba a ser de riesgo y podría darse el caso de que el parto se le adelantara. El doctor le tramitó entonces la baja y ella dejó de ir a trabajar al colegio en el que había empezado el 1 de septiembre. Pero unos días después, y sin que nadie se pusiese en contacto con ella, la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía le daba automáticamente el alta.

“He tenido que volver al trabajo. Estoy en un centro de Algeciras y tardo hora y veinte en llegar desde donde vivo. Me estoy arreglando pero cada día es un riesgo. Temo ponernos en peligro a mi niña y a mí. Una vez en el colegio entienden la situación y me tienen muy arropada pero le tengo miedo al viaje porque no está nada recomendado por los médicos“, relata esta mujer.

En sus circunstancias, ella ya no se arriesga a conducir y la semana pasada logró que un familiar la llevara hasta la localidad gaditana. Durmió allí de lunes a miércoles y después regresó a casa gracias a una compañera que la dejó en un punto intermedio del camino en el que la esperaba su marido. “Conozco gente en Algeciras y tengo donde quedarme pero si no tendría que costearme el alojamiento, claro”, añade.

El caso de esta profesora es uno de los más graves pero no es el único que se ha producido. La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (Ustea Cádiz) denuncia que la Inspección Médica de la provincia está obligando a incorporarse a sus puestos a maestras interinas con gestaciones de riesgo y problemas de salud pese a tener reconocida la incapacidad temporal por sus médicos de cabecera. Las afectadas se han ido conociendo a través de las redes sociales y se estima que puede haber un centenar.

En el grupo que han creado se encuentra también Elena Gandullo, embarazada de 12 semanas. “Me he tenido que incorporar al trabajo pero tengo que ir constantemente al baño a vomitar y hoy me he mareado en clase. Me encanta mi trabajo pero en esas circunstancias no puedo estar al 100%”, cuenta esta docente de un centro de La Línea.

“Yo he conseguido que mi médica vuelva a darme la baja pero estoy en un sinvivir porque no sé si tendré problemas. Puede que el inspector vuelva a decir que esta baja no vale, que este tiempo no me lo paguen o que me echen de la bolsa de empleo incluso… No tengo ni idea”, añade otra mujer que prefiere permanecer en el anonimato.

Ustea Cádiz exige que se dé una solución a esta situación “con carácter urgente” por considerar que se pone en peligro tanto la salud de la madre como la de su futuro hijo, “demostrando una tremenda falta de sensibilidad y de humanidad por parte de Inspección Médica, en una dinámica machista, reaccionaria y retrógrada”.

El sindicato entiende que debería abrirse un expediente interno para depurar responsabilidades ya que “personas capaces de tomar decisiones tan poco éticas no deberían formar parte de este cuerpo”. Varias de las afectadas aseguran que sus partes de alta están firmados por el mismo inspector y todos los casos conocidos hacen referencia a maestras de colegios, sin haberse dado ninguno en Secundaria.

La Delegación Territorial de Salud señaló no tener constancias de estos hechos y a preguntas de este diario se limitó a responder que se encontraban recabando toda la información al respecto.

Desde Ustea afirman que en conversaciones con dicha administración esta alega que a la hora de aceptar el empleo se debe presentar un informe médico que determine que se está en perfectas condiciones para trabajar. A ello añade que si el curso pasado se estuvo de baja, no se puede encadenar otra por el mismo motivo en el siguiente contrato.

El sindicato asegura sin embargo que tiene constancia de que se ha dado de alta también a mujeres que el año pasado no se acogieron a ninguna baja. Asimismo, la ley contempla la posibilidad de una recaída, definida como la situación en la que, tras un alta laboral, el trabajador vuelva a presentar el mismo diagnóstico o similar.

Bajo sus premisas, la Delegación Territorial de Salud se agarra al artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social. Este establece que el derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido “cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación”. Ustea y las afectadas afean que se hayan dado las altas de forma “indiscriminada”, siendo comunicadas mediante mensajes, y que no se hayan revisado las historias de forma individual. El sindicato ha puesto la situación en manos de sus servicios jurídicos y anima a las mujeres a reclamar.

Están dando por hecho que hemos cometido un fraude sin someternos a ninguna evaluación, sin pedirnos ningún informe y sin escucharnos”, se queja Gema. “Cuando empecé a trabajar yo no sabía que iba a tener que estar de baja”, remarca esta madre, que nunca esperó ir al médico y recibir un diagnóstico que le hiciera temer por su salud y la de su hija: “Si al final nos pasa algo, ¿quién responderá?”.

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