PP alerta de "falta de control en el uso del dinero público" por parte de Diputación

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En un comunicado, ha explicado que durante 2019 se emitieron 188 informes de pago por valor de más de 8,8 millones de euros “fuera del control de la Intervención, en los que ha puesto la atención en que el 92,42 por ciento son de materia de contratación y, sobre todo, en el área de Igualdad por más de cuatro millones de euros”. En el área de Recaudación, apunta a otros por más de tres millones.

Loaiza ha apuntado que la mayoría de las facturas a que hace referencia la Intervención son por un importe menor a 5.000 euros pero la propia interventora “alerta de que no se cuentan con datos suficientes que justifiquen que sean contratos menores o bien pagos fraccionados”. Además, ha añadido que “incluso en el caso de ser contratos menores, estos deben tramitarse para catalogar como tal y no abonar como pagos directos”.

Loaiza también ha incidido en que el gobierno de Irene García ha autorizado el abono de otros contratos mayores como el de ayuda a domicilio con un importe de 2,7 millones de euros “al margen de cualquier control”.

El portavoz popular ha lamentado que el “pago arbitrario de facturas no es una circunstancia puntual”, ya que en 2018 los órganos de control ya advirtieron de esta situación, “pero lejos de rectificar han seguido actuando con los mismos procedimientos fuera de lo legalmente establecido y lo peor de todo es que pretenden quitar importancia y dar imagen de normalidad ante lo ocurrido”.

Igualmente, se ha referido al segundo de los informes de control financiero que fue puesto en conocimiento del pleno provincial en el que “la propia Intervención cuestionaba el elevado montante a diferentes asociaciones por 3,5 millones durante los últimos tres años”, así como “reparaba en la falta de control de las áreas de gestión en la ejecución y justificación de algunas de las ayudas”.

Para el portavoz popular, “no basta con dar conocimiento a pleno de los informes de control y deficiencias detectadas por la interventora provincial sino que la obligación de Irene García es actuar con transparencia y rigor en el uso del dinero de todos los gaditanos porque, además de actuar fuera de la legalidad, está creando una preocupante sombra de duda sobre la gestión por parte del gobierno que preside”.

Por todo ello, Loaiza ha exigido a la presidenta de Diputación que explique si se han pagado estos servicios y qué procedimientos y trámites se han seguido para ello.

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